El equipo de la Secretaría Letrada de Hábitat II del MPD CABA realiza un balance de los desafíos pendientes para que se integren estos barrios al resto de la Ciudad en condiciones igualitarias.
Luego de años de reclamos comunitarios para que se les reconozca a las vecinas y vecinos de Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita el derecho a la vivienda adecuada y el hábitat digno, en marzo de 2017 la Legislatura porteña aprobó las leyes 5798/17 y 5799/17. Las normas sancionadas se basan en los principios del derecho a la Ciudad (igualdad, justicia espacial, integración y no discriminación entre otras), y disponen la reurbanización, zonificación e integración socio cultural y urbana de estos barrios, con la permanencia de sus habitantes en el lugar.
Si bien en estos 5 años desde la sanción de las normativas pueden destacarse diversos logros (como el reconocimiento del arraigo de los vecinos en el lugar, la construcción demás de 600 de viviendas nuevas en cada barrio y de locales comerciales, la apertura de calles y entrega a través de escrituras traslativas de dominio, entre otros) el proceso continúa atravesando dificultades y desafíos aún no resueltos.
El equipo de Hábitat N° 2 del MPD destaca entre estas problemáticas pendientes la ausencia de obras en las viviendas del sector histórico del barrio, así como en su infraestructura y en el acceso a servicios públicos en esta zona. Tampoco han sido abordadas la falta de acceso a la información sobre la continuidad de la reurbanización, las limitaciones al ejercicio del derecho a la participación por parte de los habitantes, las deficiencias en la planificación urbana y las falencias en el acceso a la conectividad.
La mayoría de los vecinos y vecinas del sector histórico del barrio siguen viviendo en condiciones inadecuadas y sin servicios como el resto de los barrios populares de la CABA. Al respecto, Julieta Parellada, Coordinadora del equipo de Hábitat y Abordaje Territorial N° 2 del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, señala: “Reurbanizar un barrio no implica solamente la construcción de vivien las, sino la ejecución de las obras en el sector histórico del barrio y generar múltiples acciones que integren estos barrios al resto de la Ciudad, en condiciones de igualdad”.
Las actividades productivas y económicas vecinales tampoco fueron tenidas en cuenta en la planificación urbana, al no garantizar la continuidad de sus fuentes de trabajo. Muchas de las mudanzas a las nuevas viviendas se realizaron sin tener en cuenta los modos habituales de vivir, trabajar y subsistir que se desarrollan en los barrios populares.
Un ejemplo de esta situación es la poca cantidad de locales comerciales que se construyeron en relación a la cantidad de familias afectadas por la reurbanización. Al mismo tiempo, la falta de conexión de gas de los locales construidos es otro hecho que demuestra la falta de un abordaje integral por parte del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Este déficit resulta particularmente relevante dado que la actividad gastronómica y la producción de alimentos son algunas de las actividades más importantes de ambos barrios. Respecto de los desafíos aún no resueltos, el primero es la gentrificación: es necesario impulsar acciones que eviten la expulsión de los vecinos del nuevo barrio reurbanizado.
El segundo, relacionado con el anterior, involucra los obstáculos que enfrentan los vecinos en el pasaje de informalidad a la formalidad las cuales podrían tener consecuencias en la sostenibilidad de la vivienda y de los locales (para aquellos pocos que pueden continuar con su actividad productiva allí y en esas condiciones).
Parellada insiste en la necesidad de políticas públicas que atiendan estas problemáticas de manera prioritaria: “Entendemos que ignorar la relevancia de las dificultades señaladas, podría poner en peligro la realización del reclamo histórico de la comunidad así como la efectivización del derecho a la vivienda adecuada y al hábitat digno para estos barrios”.
Asimismo, el MPD porteño considera fundamental el trabajo territorial de la justicia en el acompañamiento de las causas colectivas para que no continúen las vulneraciones de derechos. “Nuestro trabajo, desde hace muchos años, es acompañar a cada familia que pide nuestra intervención por problemáticas puntuales y también en cada asamblea, mesa de gestión participativa, reunión vecinal o espacio colectivo donde se trata la reurbanización”, apuntó Parellada.
Los procesos de urbanización que transitan los barrios Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita son el resultado de la lucha persistente e ininterrumpida de las vecinas y vecinos que los habitan. Sus demandas fueron y son acompañadas con una presencia territorial fuerte y continua por parte del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, tanto a través de los expedientes judiciales, como en las vías legislativas, y los espacios de diálogo con el Gobierno porteño.
La Secretaría Letrada de Hábitat II del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad realiza asesoramiento técnico a través de equipos interdisciplinarios especialmente capacitados en la temática y aporta una mirada no solo desde el reclamo de los habitantes sino desde los principios rectores de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre cómo debe darse la integración urbana de los sectores más relegados.