La Ciudad prepara otros 31 nuevos convenios para construir torres

El Gobierno porteño tiene en carpeta al menos otros 31 nuevos convenios a firmar con desarrolladores inmobiliarios para levantar torres de departamentos por encima de la altura que permite el Código Urbanístico vigente. El listado con cada uno de los expedientes, al que accedieron activistas nucleados en el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, abarca futuros emprendimientos repartidos en diez barrios, con epicentro en Palermo, donde se ubican casi la mitad del total. Para aprobarlos, deberán ingresar para su tratamiento en la Legislatura, donde ya se logró aprobar nueve convenios en la polémica sesión del jueves 2 de diciembre, con el recinto vallado y movilizaciones de rechazo.

“Las excepciones inmobiliarias para construir torres no terminaron y estos nuevos convenios, igual que los que ya se aprobaron, no tienen evaluación de los impactos sociales y ambientales de cada torre, mucho menos una evaluación acumulativa y estratégica de lo que implica esta política para la Ciudad. Nos preocupa que la planificación urbana siga en manos de quienes tienen dinero para comprar normas de excepción, sin ningún criterio urbanístico”, advirtió el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Las nuevas torres que buscarán obtener el permiso para construir por encima de lo permitido por el Código Urbanístico vigente se ubican en Rawson 359, en el barrio de Almagro; en Virrey Del Pino 1783, Arribeños 1530 y Figueroa Alcorta 6464, en Belgrano; en Fitz Roy 1192, Elcano 3820-3850 y Jorge Newbery 3431, en Chacarita; Estados Unidos 929, Constitución; Almafuerte 47, Nueva Pompeya; Vilela 1617/79 y Arribeños 3417, Núñez; avenida Colonia entre Uspallata y Luna, en Parque Patricios; Callao 1033 y Marcelo T. De Alvear 1560, Recoleta; y Olazábal 3731, en Villa Urquiza.

Los restantes 14 convenios se ubican en Palermo, el barrio más afectado: Jerónimo Salguero esquina Cabello, Luis María Campos 102/124, Figueroa Alcorta 3428, avenida Santa Fe 4546, Cabello 3010, Arévalo 3045, Scalabrini Ortiz 1929, Godoy Cruz 2930, Bulnes 2711/19, avenida Córdoba 4060, Mansilla 3640, Humboldt 2303, Cerviño 3602, Matienzo 1530, Niceto Vega 5541 y San Martin De Tours 2869/89.

Estos 31 convenios se suman a los nueve que la Legislatura sancionó como ley el jueves 2 de diciembre pasado, pese a que habían sido rechazados por una mayoría casi absoluta en las audiencias públicas convocadas para debatirlos. También se agregan a otros cuatro aprobados en 2020 y a un listado de otros seis más que ya fueron firmados, pero no fueron aprobados en la Legislatura. El Ejecutivo, a principios de este año, lanzó una convocatoria masiva para ampliar los convenios y juntó más de cien propuestas, esto fue denunciado por la oposición como un método de recaudación política. De esta manera, el Gobierno porteño podría recaudar hasta 200 millones de dólares si logra aprobar todos los convenios.

“Es una violación sistemática y organizada de la norma vigente, una gran feria VIP donde se compran y se venden derechos a edificar. Se aprueban torres de 50, 60 y 70 metros sin otra justificación que la voluntad del proponente. Esto se llama lisa y llanamente desregulación: no se le puede poner un tope a la rentabilidad del suelo urbano, sin importar las consecuencias para la mayoría de la población. Y lo que se pierde con la aplicación de estas excepciones solo queda claro cuando el hecho esta consumado”, describió a El Grito del Sur la arquitecta Liana Battino, integrante de La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.

“Los convenios urbanísticos son excepciones a la planificación de la Ciudad, específicamente, al Código Urbanístico. Literalmente, algunos sectores inmobiliarios compran leyes de excepción en la Legislatura, es decir, privilegios. Ninguna ciudad del mundo puede planificarse a partir de la acumulación de excepciones y privilegios. La Ciudad de Buenos Aires está sufriendo las consecuencias de la fragmentación de su planificación a través de la acumulación de excepciones. Carecemos de un Código Ambiental y de un Plan Urbano Ambiental actualizado, el Plan Hidráulico se encuentra completamente desactualizado con relación a los indicadores actuales de la crisis climática y, además, el Código Urbanístico no se respeta porque cada negocio inmobiliario que no se adecúa a sus parámetros genera una excepción que se termina votando en la Legislatura. Los Convenios se aprueban sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, tal como lo exigen la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y la democracia participativa y ambiental reconocida en el Acuerdo de Escazú”, sumó por su parte la ingeniera María Eva Koutsovitis, referente de La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.

“La acumulación de excepciones tendrá relevantes impactos sociales y ambientales que solo serán conocidos cuando se aprueben todos los convenios surgidos de la convocatoria o fuera de ella. Así se cambia la planificación de la Ciudad, sin información ni participación y debate público, en un proceso cerrado que solo se revela a medida que los convenios llegan en tandas a la Legislatura y se aprueban a ritmo exprés”, agregó Battino.

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