Buenos Aires, 20/09/2017, edición Nº 395

Más choques de vecinos vs. Gobierno por un playón ferroviario

Duros cruces entre el Gobierno porteño y los vecinos de Colegiales por un playón ferroviario en disputa que ahora vuelve a tomar relevancia. El Ejecutivo pretende edificar a escala mediana, con viviendas y comercios, aunque en el barrio sospechan de un shopping y exigen espacios verdes. El problema es que la cuestión quedó judicializada, pero se tratará la semana que viene en la Legislatura.

En diciembre 2016, el Gobierno porteño envió a la Legislatura un proyecto de ley para permitir la edificación de viviendas y comercios en el playón del Ferrocarril General Mitre en el barrio de Colegiales, que serán cedido de Nación a Ciudad. Aunque no autorizarían torres ni shoppings, sí podría construirse edificios de escala mediana, en una zona cuyo valor del m2 a estrenar ronda los US$ 3.000. Esto es algo en lo que ponen el ojo los vecinos, que quieren abrir calles, espacios verdes y hasta un colegio.

El predio queda entre las vías del ferrocarril Mitre, la avenida Federico Lacroze, Moldes, Zabala y lo que sería la prolongación de Vidal hasta Virrey Avilés en el barrio de Colegiales. Son 6,7 hectáreas donde ahora hay galpones y depósitos. Junto al terreno ya existe la plaza Juan José Paso. La mayoría del predio esta en desuso, si bien hay cerca un corralón de materiales y canchas de fútbol privadas en funcionamiento.

La pretensión del proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano es que el 65% del suelo se destine a la apertura de calles, plazas y otros espacios de uso público. En el otro 35% podrán construirse edificios de hasta 25 metros de altura, lo que da planta baja + 6 pisos, aproximadamente. También podrá haber locales comerciales y estacionamientos en los subsuelos. El diseño final saldrá de un concurso público de proyectos.

Según informaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que espera el cambio de zonificación de la Legislatura y tiene en carpeta varios proyectos relacionados en todo el país, en el caso de Colegiales el 70% de lo que se recaude se destinará a obras ferroviarias, y el otro 30% irá al Tesoro Nacional.

En Colegiales, el m2 a estrenar en la zona puede valer unos US$ 3.000. En el lugar podrían edificarse hasta 100.000 m2, pero el proyecto establece que unos 43.485 m2 se destinarán a espacio público.

Mientras tanto, vecinos del barrio no están conformes con el proyecto del oficialismo y plantean otras propuestas. Formaron el grupo vecinal “Colegiales Participa y Decide”, y ya se han juntado cientos de firmas en apoyo a un parque cultural y hasta un colegio.

Según ellos, “el masterplan del gobierno contempla edificios de alrededor de nueve pisos y locales, es decir un negocio inmobiliario en una zona donde los servicios públicos y cloacas están colapsados. Todos diseñados a espaldas de los vecinos”. En los últimos años también hubo movilizaciones vecinales por un proyecto para montar una sucursal del Mercado Central en otro predio ferroviario cercano, aunque finalmente quedó en la nada.

El jueves 29/06, el legislador Gustavo Vera (Bien Común) pidió que no se votara la iniciativa en cuestión, que actualmente descansa en la Comisión de Planeamiento Urbano y que ya obtuvo preferencia para el próximo jueves 13/07. Vera se cruzó con el jefe del bloque PRO,Francisco Quintana (que oficializó hoy el interbloque Vamos Juntos con la Coalición Cívica y Graciela Ocaña), quien criticó que el titular de La Alameda “no reconozca la independencia del Poder Legislativo y no vele por la independencia de poderes”.

El secretario general del PRO también disparó: “Ojalá que no ocupe una banca el día que Jonathan Baldiviezo nos diga sobre qué legislar”. Baldiviezo es titular del Observatorio del Derecho de la Ciudad, ONG siempre pendiente de denunciar negocios inmobiliarios en territorio porteño.

Luego del episodio, Baldiviezo afirmó: “Yo había logrado una sentencia judicial donde suspendía el tratamiento en la Legislatura hasta que no se hiciera la audiencia pública que ordena el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad. Por eso, ellos no quisieron cumplir la orden judicial e hicieron esa referencia a mi persona. Voy a estar denunciando el incumplimiento, porque la Justicia ordenó suspender el trámite del expediente hasta que se resuelva la causa”.

Fuente: urgente24.com

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